Contraloría ordenó embargo de bienes a funcionarios de la Ungrd que reconstruyeron el Jarillón de Caregato de La Mojana

No cesan las polémicas relacionadas con las obras de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Ahora, el contralor Carlos Mario Zuluaga dictaminó el embargo sobre las cuentas bancarias y bienes de antiguos directivos de la Unidad, así como a contratistas y otros implicados en las polémicas obras de reconstrucción del Jarillón del sector Caregato, en la región de La Mojana, en virtud de las acciones judiciales derivadas de las irregularidades encontradas en dichas obras que llevaron a varios incidentes entre 2021 y el año en curso.

De acuerdo con la información que notificó el funcionario, este embargo no solo alcanza a los exdirectores mencionados, sino también a personas y empresas que han participado de forma directa o indirecta en el proceso de contratación y ejecución de las obras de reparación, que han sido objeto de críticas y denuncias por parte de la comunidad afectada, en especial quienes han sido víctimas del desbordamiento del Río Cauca en los últimos días.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La entidad ha tomado esta medida tras constatar fallas y anomalías en los procesos de contratación llevados a cabo por la Ungrd en los cuatro años anteriores, bajo la dirección de Olmedo López.

Según citó el diario Nuevo Siglo, “hoy la Contraloría tiene más de 2.2 billones de pesos en embargo a ciudadanos, funcionarios, gestores fiscales, contratistas, aseguradoras, en el marco del proceso porque queremos que cuando se falle la responsabilidad fiscal, tengamos que volverle recursos a la Nación”, afirmó Zuluaga.

La crítica situación en Caregato, donde se denunció el rompimiento de las obras de reparación del dique el 6 de mayo, derivó en la declaración de calamidad pública en la zona. Según reportes, cerca de 200 estudiantes han sido impactados directamente, y han debido suspender sus actividades educativas debido a la afectación. Esto ha encendido las alarmas sobre la gravedad de las fallas en la reconstrucción y la necesidad de adoptar medidas urgentes para salvaguardar a la población afectada.

Entre los señalados por la Contraloría, se encuentran Olmedo López y Sneyder Pinilla, a quienes se les ha ordenado el embargo de bienes y cuentas por su presunta implicación en actos de corrupción relacionados no solo con las obras en Caregato, sino también por irregularidades en la adquisición de carrotanques en La Guajira. Además, se ha procedido a investigar los extractos bancarios y los pagos efectuados en el marco de estos contratos, evidenciando la profundidad y seriedad de las investigaciones en curso.

La Ungrd ha sido objeto de escrutinio a raíz de supuestas irregularidades en la concesión de contratos para las obras en La Mojana, específicamente el cierre del Caregato que, pensado para prevenir inundaciones en la región, no ha servido para su propósito. Este escándalo se centra en la gestión del exdirector Olmedo López, bajo cuyo mandato se adjudicó un contrato de notable valor a un consorcio específico, pasando por alto una propuesta considerablemente más económica.

Según informó Noticias RCN, en agosto de 2023, casi dos años después de la rotura del Jarillón de Caregato, la entidad inició el proceso de cotización para las reparaciones necesarias, y convocó a tres proveedores a presentar sus ofertas. De su análisis se desveló que, siguiendo instrucciones del entonces director López, se escogió al consorcio RCG, integrado por empresas como Petrolabin S.A.S. y Valco Holding S.A.S., a pesar de existir una oferta menos costosa.

El contrato firmado ascendió a más de 129 millones de dólares, e incluyó un anticipado del 20% del monto total, equivalentes a 26.000 millones de dólares, una cifra que ha levantado sospechas y generado demandas de transparencia por parte de las autoridades actuales, como publicó el medio.

De forma preocupante, se pasó por alto una propuesta ventajosa presentada por el ingeniero Antonio María Puentes, la cual ofrecía realizar el mismo trabajo por aproximadamente 50.000 millones de dólares menos. Este hecho ha desencadenado llamados a una supervisión meticulosa del proyecto que, a pesar de contar con un 40% de avance, enfrenta interrogantes acerca de su proceso de adjudicación y las alegaciones de sobrecostos asociados.